Región centroamericana se alinea para enfrentar la EUDR
Junto a las instancias regionales del SICA —la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)— el proyecto REDD+ Landscape III acompañó la construcción de una ruta común para que los países puedan cumplir el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR). La región avanza así hacia una respuesta coordinada que proteja sus bosques y, al mismo tiempo, mantenga abiertas las oportunidades comerciales con Europa.
Hay momentos en que la cooperación regional hace la diferencia. La próxima entrada en vigor de la EUDR obliga a demostrar que materias primas como café, cacao, carne bovina, palma o madera no provienen de áreas deforestadas. Por eso, las instancias del SICA acordaron articular ambiente, agricultura y comercio para que los países no tengan que hacerlo cada uno por su lado, sino que cuenten con lineamientos comunes, información compartida y espacios técnicos para resolver dudas. SICA+1
Una región que prepara sus datos para el bosque
Con este impulso, el proyecto REDD+ Landscape III apoyará a los equipos nacionales para que integren información de cobertura de la tierra, trazabilidad y legalidad, y la pongan a disposición en plataformas interoperables. Esto permitirá que productores, cooperativas y gobiernos locales puedan demostrar el origen de lo que exportan y, sobre todo, que la producción no está empujando la frontera agrícola hacia el bosque.
El EUDR es un reto, pero también una oportunidad
La EUDR es un reto, pero también una oportunidad para mostrar que Centroamérica puede producir sin deforestar, siempre que trabajemos con la misma información y con reglas claras para todos”, señaló una representante técnica regional durante la sesión de trabajo
La coordinación intersectorial que ahora se pone en marcha será la base para que, en los próximos meses, se desarrollen pilotos en territorios priorizados, se involucren al sector privado y a las organizaciones comunitarias, y se definan los mecanismos para compartir datos de forma segura y transparente.
